La Sección Sindical de UGT-FICA en Atalaya Mining Riotinto exige al comité de empresa del que forma parte con cuatro miembros que asuma responsabilidades y promueva una reunión con los alcaldes, partidos políticos y Administraciones competentes, para hacer un frente común y conseguir defender los puestos de trabajo y alcanzar todas las soluciones que necesitan.
En un comunicado dirigido a los trabajadores, desde la Sección Sindical de UGT-FICA se hacen eco de la enorme preocupación que tienen los trabajadores y trabajadoras de la mina, por la inadmisión del recurso de Atalaya Mining contra la sentencia que anula su autorización ambiental unificada, UAA. “Entendemos la estrategia de la empresa, tratando de minimizar la cuestión y achacarlo a un mero problema administrativo, aunque no la podemos compartir. Y no la podemos compartir porque simples problemas administrativos han provocado el cierre de industrias en Huelva, que generaban algunos miles de puestos de trabajo,estables,seguros y con derechos,como fueron Foret, Rodia y Fertiberia-Huelva”, subrayan.
“Ya se lo diji mos hace más de un año, cuando el TSJA anuló la Autorización Ambiental concedida por la Junta, y posteriormente, en reuniones varias,les hemos vuelto a insistir por activa,pasiva y perifrástica, que no estaban haciendo bien sus labores, pues, quedarse a esperar a que las administraciones solucionen los problemas, supone adoptar una estrategia a todas luces temeraria”, recuerdan. “Y si a esto,le sumamos que la mayoría del Comité hace dejación de sus responsabilidades y en la práctica, por acción u omisión, seguidismo de las estrategias interesadas de la empresa, lo que tenemos es que los trabajadores y trabajadoras sufriremos las consecuencias de lo que pueda resultar de las resoluciones judiciales o la inoperancia de las Administraciones”, aseguran.
“De hecho”, según el sindicato minoritario en el comité de empresa, “el tiempo nos da la razón, y más de un año después, aún estamos a la espera de soluciones,ya que después de interminables trámites administrativos,y a pesar del voluntarismo de nuestros políticos, no se terminan de conceder las autorizaciones ambientales correspondientes”.
“Y ante este lamentable estado de cosas,la respuesta no debe ser solo, hacer piña con la empresa para pedir que la Administración facilite de una vez por todas,seguridad jurídica al proyecto (que también) sino exigirle a la empresa que haga mejor sus deberes y sea más beligerante con aquellos que, amparándose en discursos ambientalistas, pueden hacer zozobrar el proyecto de actividad minera en la Comarca de Riotinto, arruinándose los cientos de millones de euros invertidos por esta compañía, y poniendo en cuestión también los cientos de puestos de trabajo que está generando en la actualidad”, concluyen.