Como causas de la gran magnitud alcanzada por este grave incendio vuelven a resonar las mismas que hace 22 años: la existencia de una masa continua de eucaliptales y pinares, derivada de plantaciones forestales para celulosa y biomasa, muchas de ellas abandonadas, las cuales hace tiempo que no deberían haber estado ahí. Estos eucaliptales han servido de almacén de combustible y bomba de dispersión del fuego, llevando a este incendio a la temida categoría de “fuera de capacidad de extinción”.

Para Ecologistas en Acción, de lo vivido en este importante incendio, necesitamos aprender lecciones, aunque ya debiéramos haberlas aprendido hace 22 años. La primera lección es la urgencia de la erradicación de las plantaciones de eucalipto en zona forestal y espacios protegidos en toda Andalucía. De momento, requerirá una modificación vía urgente, de la Adecuación del Plan Forestal de Andalucía, Horizonte 2030, que aún permite seguir fomentando estas plantaciones con objeto de convertir su biomasa en una fuente de energía renovable, sin eximir a las zonas forestales y espacios protegidos de su peligrosa presencia. Visto lo visto y vivido, queda suficientemente evidenciado que en esos espacios sólo puede traer más macroincendios y una pérdida de biodiversidad que en nuestra comunidad no nos podemos permitir.

Sobre el papel de los pinos y otras especies autóctonas, en el marco del Plan de renaturalización que debe plantearse para la zona, desde Ecologistas en Acción de Andalucía exigimos que se constituya una comisión científica multidisciplinar para este incendio, así como espacios de participación pública que sean escuchados y tenidos en cuenta a la hora de que dicha comisión defina la planificación de actuaciones, siguiendo el modelo de la constituida para el gran incendio de 2017 en Doñana.

La sociedad debe de exigir que el principal objetivo sea recuperar cuanto antes el bosque autóctono andaluz en todos los terrenos afectados por el incendio. El objeto del trabajo de la comisión científica multidisciplinar será definir los mosaicos de vegetación, las áreas cortafuegos que se precisen, las especies paraguas y las especies pioneras que sean necesarias para acelerar en la medida de lo posible la sucesión ecológica, así como las estrategias de mantenimiento de las poblaciones animales que hasta ahora tenían su sustento en lo quemado. En el caso de los montes públicos afectados, que se acerca a unas 30.000 hectáreas del total, será necesaria la planificación de la consiguiente obligación de la administración en su desarrollo posterior. En el caso de los montes privados, un tercio del total, será necesario crear una comisión social para tratar de forma específica las ayudas, las pérdidas, los convenios a suscribir y los trabajos a realizar, en el que sean atendidas caso a caso, a través de sus municipios, las personas que han perdido su patrimonio.

En los montes públicos, será necesario, además, evaluar las posibles negligencias que se deriven de la investigación y depurar las responsabilidades que recaigan. Una comisión de investigación parlamentaria puede ser la vía para detectarlas y exigir esas responsabilidades. Evaluar a conciencia los errores cometidos en el plan de recuperación del incendio de 2004 es básico para no repetirlos; por ejemplo, cómo se ha llegado a esas altas densidades de vegetación pirófita, cómo los planes de incorporación del ganado en la gestión de la vegetación fracasaron y por qué, etc.

Hay testimonios de propietarios de pequeñas fincas en Berrocal que han ejecutado de forma rigurosa las recomendaciones que se exigen para evitar incendios forestales, y han mantenido pastoreadas las encinas y alcornoques manteniendo la vegetación arbustiva y el paso controlados. Sin embargo, de nada ha servido cuando les ha llegado un frente de calor de tal energía que calcinaba la vegetación incluso antes de que el fuego las alcanzara. Así no hay prevención posible.

Para Ecologistas en Acción, la restauración debe consistir en una renaturalización. En tanto se diseñan los detalles de cómo desarrollarla hay que adoptar medidas urgentes ya conocidas, pues el principal problema que hay que afrontar es la erosión eólica e hídrica. Como medida urgente, la madera quemada se usaría para evitar estas erosiones, generando con ella cortavientos y estructuras en pendiente y en barrancos para la contención de la escorrentía. Es fundamental evitar en todo momento el acceso de maquinaria pesada, porque favorece estos procesos erosivos. Se debe conservar todo lo que haya sobrevivido del banco de semillas y de las cepas rebrotadoras, sin perturbar el suelo, ya que buena parte de la vegetación afectada tiene estrategias de recuperación tras los incendios que hay que dejar que puedan desarrollarse.

Igual de prioritario es facilitar alimento y agua a la fauna superviviente en las islas no quemadas. En este sentido hay numerosos grupos de voluntariado de ambas provincias afectadas que han realizado un llamamiento solidario a la ciudadanía. Estos grupos están haciendo acopio y ya han iniciado las actuaciones, colaborando según protocolos de actuación sobre cómo deben llevarse a cabo esos aportes para no hacer más daño que bien, y tratando de evitar que desaprensivos aprovechen la situación de vulnerabilidad de la fauna superviviente para cebarse con su muerte. Los delincuentes de la naturaleza, que maten estos animales deben ser especialmente perseguidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad, para lo que cuentan con la colaboración de las asociaciones de cazadores de la zona.

Berrocal repite como zona cero del incendio, en el de ahora sólo han sobrevivido cerca de 2.000 hectáreas cercanas al casco urbano de las 12.600 que tiene. Puede ser un buen momento para definir políticas de conservación de la población rural forestal mixta como servicio público. De esta manera, a la fuente de vida y trabajo tradicional del aprovechamiento sostenible del monte se podrá sumar un aporte extra derivado del compromiso de la población con el resto de la sociedad para conseguir recuperar el bosque autóctono y su mantenimiento. De esta manera es como se logran los servicios ecosistémicos asociados que disfruta la sociedad; un esfuerzo que debe ser debidamente compensados como servicio público que es. Todo un reto es consensuar cómo concretarlo sin caer en la compra de derechos de captura de carbono, como se pretende desde la Unión Europea, que deriva en la adopción de mecanismos de mercantilización que no son eficaces porque se adaptan mal a los ritmos de la naturaleza.

Como conclusión, con una mirada optimista, decir que hay mucho margen para reducir el número y la magnitud de incendios para reducirlos a tiempo. Porque, una vez se escapan de lo manejable, ya hay poco que hacer y ahí sí el cambio climático, y la gestión y plantaciones inadecuadas y las fallidas fórmulas de prevención lo colocan fuera de capacidad.

Hay que destacar que el bosque es víctima de los incendios, no responsable. La mano del ser humano está detrás de más del 95% de los incendios forestales. Por ello, tenemos aún mucha tarea de educación ambiental por delante, porque sin llama inicial no hay incendio por mucho que se empeñe el cambio climático o la falta de prevención.  Prioricemos reducir esas negligencias incendiarias, recuperemos un territorio resiliente mediante la reinstauración del bosque autóctono, con las discontinuidades propias del ecosistema mediterráneo, mantenidas por la intervención de la fauna y el ganado donde ésta no llegue. Sólo así podremos pasar página de los megaincendios, y volver a convivir con menores incendios, de dimensiones manejables, y mantendremos el bosque y su papel regulador del ciclo del carbono y del agua como principal defensa ante el implacable avance del un cambio climático.